El juicio político contra Rousseff fue instaurado el pasado 12 de mayo, y hasta ahora la mandataria suspendida de todas sus funciones había declinado la prerrogativa de presentar su defensa personalmente.
La suspendida mandataria ha sido representada en todas las audiencias de este proceso por su abogado y ex ministro de justicia José Eduardo Cardoso, quien ha insistido en el proceso llevado contra Rousseff es ilegal y carece de sustentación jurídica.
En una carta reciente dirigida al pueblo brasileño, la suspendida mandataria negó todos los cargos en su contra e insistido en su inocencia, y anuncio que en caso de ser absuelta y recuperar el cargo promoverá la realización de un plebiscito para adelantar las elecciones pautada para de octubre del 2018.
"Brasil vive uno de los momentos más dramáticos de su
historia" y la solución para la "grave crisis política y
económica" del país "pasa por el voto popular, en unas elecciones
directas", dice el documento divulgado por la mandataria.
Sin embargo, una consulta de esta naturaleza debe ser aprobada por el Parlamento brasileño, órgano en el cuál Rousseff cuenta con poco apoyo a partir de las últimas decisiones sobre el juicio de destitución, donde 59 respaldaron la continuidad del juicio, y solo 21 votaron a favor de archivar el proceso.
La última fase del proceso llevado contra Dilma Rousseff Inicia
el próximo 25 de agosto y podría durar entre tres y cinco días, aunque los
detalles del proceso serán definidos hoy en una reunión entre los presidentes
del Senado, Renán Calheiros, y del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandoswki.
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